Feddy Quezada
Adolfo Hurtado
et Al

A manera de introducción

Hasta ahora, todos los análisis que se han hecho sobre la crisis en Nicaragua de abril del 2018 han estado más centrados en las formas y la culpabilización, que en la comprensión de su naturaleza y los mecanismos que nos arrastraron a eso. Esto ha dado propuestas de solución proforma que mantienen a la oposición en particular, y la sociedad nicaragüense en general, postrada sin visos de solución.

La oposición protagonizó una movilización social masiva pero fragmentada, tumultuosa, pero sin dirección orgánica, que surgió auto convocada y temible en sus dimensiones, pero neutralizable en su impacto. Fue admirablemente soñadora en sus reclamos, pero inocente a los medios para alcanzarlos y, por último, con unos jóvenes luchadores y combativos como protagonistas, pero con una capacidad limitada en su organización y gestión social.

En fin, una sublevación ciudadana espontánea que fracasó y a la que los análisis no le han podido brindar una explicación coherente o satisfactoria sobre su fracaso. Una demanda ciudadana que enfrenta un régimen que sigue en pie a pesar de su evidente debilidad y carencia de legitimidad, de sus acciones errática que provocan sus propias crisis y abre frentes de conflictos evitables, y que no tiene ningún asidero que no sea el terror que provoca entre los propios y los ajenos.

1. ¿Qué sostiene la dictadura nicaragüense? Una aproximación teórica

Esta pregunta es algo que ni politólogos, ni analistas, ni políticos, ni intelectuales han respondido adecuadamente. Tal vez porque la comprensión de la naturaleza de la crisis no se ha entendido de manera apropiada. Para poder definir el qué hacer para alcanzar los objetivos y aspiraciones que motivaron esa movilización ciudadana, esa deuda debe ser saldada.

 Debe buscarse una explicación al fracaso del movimiento de abril de 2018, identificar los elementos que lo componen y sus interacciones. Así también, como cuáles de ellos aún están presentes, están condicionando e impidiendo configurar una oposición más propicia para reactivar la lucha y el enfrentamiento al régimen nicaragüense.

Amén de todo lo dicho hasta ahora en cuanto al análisis de correlación de fuerzas, de lo dicho sobre las ambiciones sectoriales que dividieron  -y aún dividen- a los grupos que pretendieron tener –y aún lo pretenden- una representatividad que no tenían pero que se la arrogaron por que el régimen, en su búsqueda de interlocutores para aparentar una voluntad de diálogo, los aceptó; de lo dicho sobre la participación y apoyo de grupos empresariales internos y de gobiernos y grupos económicos externos, sobre los cuales no nos interesa ni debatir ni profundizar; los autores consideramos que hay un tema central en ese necesario análisis que es necesario y que nadie lo ha planteado hasta ahora. Al menos no públicamente.

Es sobre eso que hemos querido compartir nuestras ideas y reflexiones

1.1. El poder, la legitimidad y la legalidad.

El principal problema que estremece y abate históricamente a la nación nicaragüense es la falta de democracia, la conformación de dictaduras, de crímenes de lesa humanidad, según unos; y sus diversas lecturas de agresiones imperialistas, de traidores y vende patria, según otros. Dependiendo del sector y del lado del poder en el que se encuentre el observador o actor, harán una lectura u otra.

La falta de una visión común en torno al tema de cuál es el problema de fondo que nos trajo donde hoy estamos, que debe de ser resuelto, no sólo impide que los sectores que adversan al régimen puedan alcanzar acuerdos legítimos y eficaces, sino que también incide en que los esfuerzos necesarios para propiciar un acuerdo entre los diversos sectores que pugnan por un nuevo modelo de sociedad nicaragüense no encuentren tierra fértil entre ellos, aún si ésta resultase ser la única y posible salida o solución.

En estas reflexiones pretendemos identificar cuál es la naturaleza de la crisis y algunas de sus expresiones que se han materializado en nuestra historia. Para ello, abordamos los siguientes aspectos, vinculado a lo que visualizamos como la base real del conflicto:

• Poder: El poder, como capacidad orientada a resultados, es una necesidad, pero también puede ser un obstáculo. Estos resultados pueden ser funcionales o positivos, o bien, disfuncionales o negativos denominándose este último como violencia. En el primer caso, cumple función de necesidad y en el segundo, de obstáculo. Entendiéndose estos objetivos, aquí, como los socialmente adecuados, demanda una gestión consensuada del poder. Ese poder, su forma de accederlo y ejercerlo se ha realizado de espalda al conjunto de la sociedad y no ha tenido ningún cambio en nuestra historia. Esto explica en gran medida los conflictos que de forma cíclica han estremecido nuestra sociedad.
• Legitimidad y legalidad: de la que se derivan actos legales/ilegales que pueden ser legítimos/ilegítimos. La legitimidad convierte la obediencia en adhesión, de ahí que no basta con una determinada legalidad para que los actos al amparo de esta tengan el poder coercitivo que una real y fuerte legitimidad les otorga. La legitimidad antecede a la legalidad en el ejercicio del poder. La aplicación de un marco legal sin su adherente de legitimidad sólo puede producirse a través de una gestión violenta del poder. Entonces ¿puede/debe restaurarse la legitimidad intrínsecamente necesaria a una legalidad? ¿Cuáles son los medios lícitos y legítimos para hacerlo?

Una reflexión anterior a este texto es un artículo^[1] de 2018, cuando todavía no había sido aplastado de manera irracional y atentatoria de los derechos humanos de los protestantes, el estallido social que puso al desnudo no solo la falta de legitimidad del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo sino que, además, cuestionó y denunció de una  manera clara y fuerte la participación del gran capital en la consolidación de un régimen de gobierno autoritario, intolerante y excluyente, por decir lo menos. En él se señaló que la juventud, que al frente y al mismo tiempo protagonizando la protesta, tenía y presentaba básicamente las siguientes características:

• Eran los representantes de uno de los paradigmas que estaban chocando alrededor de la forma de resolver el conflicto, los cuales son mutuamente excluyentes. Ellos representaban al paradigma de la diferencia, en cuanto que el régimen expresaba sus acciones en el marco del paradigma de la contradicción.
• Representaban y presentaban una nueva y diferente forma de resolver los conflictos sociales. Y que, desde esa perspectiva, significaba una diferencia sustantiva en la manera en cómo se han resuelto los conflictos sociales en nuestra sociedad en los últimos doscientos años.
• Debido a la forma en cómo el régimen venía reprimiendo las protestas como forma de resolver el conflicto, estaba arrastrando a diversos sectores de la juventud hacia los métodos del paradigma político del régimen; declinando así las banderas que le son propias al paradigma de la diferencia ante la imposibilidad de mantener el carácter cívico de la lucha por su ineficacia e ineficiencia ante la estrategia de exterminio que el régimen decidió adoptar.

Resaltamos aquí que la sucesión de acontecimientos en los seis años posteriores a abril del 2018 nos muestra que al final fue el paradigma de la contradicción el que se impuso como referente general en la resolución de conflictos en Nicaragua. Esto parece haber cerrado, hasta el momento, el camino a cualquier otra forma de solución de conflictos que provengan del paradigma de la diferencia. Consideramos, desde esa perspectiva, que esa fue la derrota más significativa de los sectores sociales opuestos al régimen de Daniel y Rosario ya que se vieron obligados, por los métodos y prácticas políticas del régimen, a declinar en la praxis política de los jóvenes y los grupos de oposición, las banderas que le son propias a dicho paradigma.

Y, como corolario de lo anterior, dichos hechos son evidencia irrefutable de que la voluntad de poder que ostenta el régimen no solo se enmarca en el paradigma de la contradicción, sino que, además, muestra claramente su disposición de tenerlo, ostentarlo, ejercerlo, no compartirlo ni cederlo; lo cual lo llevó a finales del 2024 a institucionalizar y legalizar un régimen cuasi monárquico a través de su elevación a rango constitucional.

1.2. Los paradigmas de la diferencia y la contradicción: entre la lucha y la cooperación ¿excluyentes e inseparables?

La transformación vista en los sectores sociales que se oponen a la autarquía de Ortega-Murillo, con la aparente casi total renuncia del paradigma de la diferencia y su sustitución por el de la contradicción, plantean la pregunta de que si ambos paradigmas, aunque mutuamente excluyentes, sean también inseparables. Nos hace preguntarnos si esa aparentemente inevitable inseparabilidad hace que las formas de resolver los conflictos que tiene un sector social, que en un principio pueden corresponder a las del paradigma de la diferencia, dependiendo del curso que tomen los acontecimientos, dicho derrotero propicia que sean desplazadas por las que corresponden al paradigma de la contradicción.

También debemos resaltar que ambos paradigmas se materializan en cualquier sociedad en forma de conflicto entre los intereses diversos de los sectores sociales. Diferenciándose en la resolución de este, expresándose como lucha de suma cero e intolerancia en el paradigma de la contradicción y, como cooperación y diálogo permanente en el paradigma de la diferencia.

Dependiendo de cómo los grupos sociales contrapuestos o confrontados perciban el grado de pertenencia comunitaria, es que la deriva de la tensión puede tomar el rumbo de: la cooperación e inclusión o; el de la competencia, confrontación y exclusión prevaleciendo el paradigma de la contradicción.

En este contexto, el equilibrio alcanzado al resolverse el conflicto es una condición deseable, aunque no necesariamente ideal ni permanente. EI equilibrio que determinados sectores de una sociedad puedan alcanzar como resultado de un conflicto es más bien una necesidad que una virtud; y su permanencia es tan incierta como el equilibrio de intereses alcanzado con el acuerdo logrado.

En el actual conflicto nicaragüense es posible identificar los puntos torales del mismo, a partir de las demandas de los diversos grupos confrontados. Creemos que su identificación además de necesaria es obligatoria para cualquier tipo de salida que se quiera dar al conflicto de los intereses de los grupos sociales en pugna en el marco del paradigma de la diferencia. Sobre esto apuntamos lo siguiente:

• Nos inclinamos a creer que una gran mayoría de los ciudadanos nicaragüenses están cansados del modelo propuesto por Ortega y Murillo, aunque otra parte, que consideramos minoritaria como parecen mostrar diversas encuestas, aún cree en sus beneficios^[2]. No hacemos referencia aquí a los sectores con intereses económicos favorecidos ilegítimamente por dicho modelo, sino al «ciudadano común» que defiende este sistema. Rechazamos usar términos despectivos como dictador, terrorista, golpista, entre otros, ya que no contribuyen al análisis constructivo del conflicto.
• EI conflicto actual no es solo una disputa entre los sectores mencionados, representados por un régimen autoritario y un grupo que pretende tener representatividad, pero que hasta ahora no ha demostrado ser menos autoritario o excluyente. La diferencia radica en que el primero tiene la mayor cuota de poder y capacidad de fuego, mientras que el segundo carece de estos recursos y su influencia se basa más en la falta de legitimidad y la gestión del poder del primero.
• El conflicto actual no tiene su origen en unas reformas a la seguridad social o una determinada respuesta a un problema medioambiental, viene de más atrás y es más profundo. Hunde sus raíces a los cambios postulados de inclusión, ciudadanía y derechos que representó para la gran mayoría de los nicaragüenses las esperanzas y promesas de redención y liberación que acompañaron el cambio de régimen autoritario de Somoza en 1979.

2. El proceso

2.1. Revolución, transformaciones revolucionarias y poder.

Una revolución en sentido estricto apunta a cambios fundamentales de tipo políticos, sociales y económicos. Donde la transformación del ejercicio del poder se vuelve central. Esta transformación del sistema político y la sociedad que lo sustenta se ha entendido desde el paradigma de la contradicción y expresado en colapsos violentos.

Un ejemplo de esta perspectiva de revolución fue la que realizó la burguesía al derrotar a la monarquía en Francia en 1789. El haber fragmentado el poder absoluto del rey y creado las instituciones republicanas entre las que distribuiría ese poder total, fue el mayor avance posible en el camino de reducir los riesgos y controlar los daños que el poder (absoluto) conlleva. Y, por supuesto, un enorme avance en la organización de la sociedad humana. Los límites de la capacidad transformativa, en este primer esfuerzo de la república francesa, se apreciaron rápidamente en los episodios violentos de la gestión del poder posteriores al colapso del sistema político monárquico y que sólo comenzó a expresarse de manera estable hasta la denominada tercera república francesa en 1870. Por su lado, las revoluciones socialistas que triunfaron en el siglo XX tampoco se vieron libres del peso de su cultura política. Y luego de un pequeño período de hechos y transformaciones revolucionarias, terminaron pareciéndose a la monarquía/dictadura que combatieron.

La revolución que llevó a la derrota del somocismo por los sectores sociales que se le oponían y al frente de los cuales se colocó el FSLN, como el actor más beligerante y mejor armado, compartían visiones distintas y antagónicas en cuanto la dirección de las transformaciones políticas, sociales y económicas. El FSLN se erigió rápidamente en el actor hegemónico distorsionando la comprensión de la naturaleza de la revolución nicaragüense a un movimiento que lo identificó como propio. La cultura política envasada en el paradigma de la contradicción rápidamente derivó a un nuevo conflicto armado y nuevos modelos de concentración del poder, es decir, reconstruyeron el esquema de dominación somocista que habían derrotado, diciendo actuar en nombre y representación del pueblo. Mientras tanto, surgían nuevas características de la cultura política en el marco de nuevas epistemes de derechos expresados en salud y educación, y ganaban terrenos otros como los derechos de la mujer y asociatividad. Nacía el germen de la ciudadanía nicaragüense alimentado por el paradigma de la diferencia.

Primer punto toral en el conflicto: la gestión del poder

Uno de los primeros, si no el primero, de los temas a resolver en la superación del conflicto es el Poder Político. El paradigma de la contradicción demanda su concentración, en cuanto que el paradigma de la diferencia demanda su descentralización y desconcentración.

Hasta ahora la práctica de los grupos que toman el poder por la vía que sea, ha sido el usar éste para perpetuarse y proteger el poder alcanzado. No ha sido en ningún momento para adelantar mecanismo que lo controlen y/o sancionen su abuso en la práctica. Solo ha sido para garantizar que los grupos hegemónicos lo usen para su beneficio y protección. Como una gestión del poder neocolonial y no republicana.

2.2. Voluntad y ejercicio del poder: ¿liberar, controlar o administrar?

Dos aspectos resaltan en el tema del poder:

• Para cualquier individuo o grupo social, el poder, la búsqueda de su posesión y uso, es una pulsión. Como dormir, comer y beber. Sólo es posible ejercerlo, ya sea como gestión abierta o como resistencia, según el balance general y el ejercicio del poder existente en una determinada sociedad.
• El poder no se puede eliminar. Y la pretensión y deseo de quien lo detenta es incrementarlo y tenerlo para siempre, buscando asegurarse de que así sea para usarlo en función de sus intereses. Con el poder solo se puede hacer una cosa: ejercerlo

El ejercicio del poder, si se le deja libre, como proponen los nietzscheanos, para ejercerlo y gozarlo, como ya lo han hecho absolutistas y autócratas en la historia humana, no es ninguna garantía de creación de mejores sociedades por muchas buenas intenciones reales (o aparentes) que se puedan declarar. En cambio, si al poder absoluto se lo trata como comportamiento socialmente indeseado, se le puede adecuar la gestión del poder por medio de la cultura política y controles institucionales. Los anarquistas y los taoístas son los únicos que se han desvelado por deshacer, domesticar, administrar, prevenir y penalizar esa pulsión. El poder más alto es el que no se emplea, nos dijo Lao Tsé.

Los movimientos sociales revolucionarios que han llegado al poder son muestra fehaciente de ello: el reinado del terror en la revolución francesa es el ejemplo más visible de ese hecho y la respuesta gubernamental al malestar social que llevó a la revuelta campesina de los 80´s en Nicaragua es el que más cerca nos toca. Por otro lado, en las sociedades modernas contar con una acción ciudadana ha sido fundamental en el control y fragmentación del poder, y esta es más robusta cuanto mayor es el número de sectores sociales que reconocen la importancia y legitimidad de su existencia.

En este punto la democracia, en un amplio sentido (económico y social además del político) se vuelve central en el enriquecimiento de la cultura política en el marco del paradigma de la diferencia. Aunque su desarrollo tendió a quedar circunscrito en el plano político y dentro de este, en la esfera electoral, se produjeron esfuerzos de aperturas como la circunscripción popular eliminada hacia el 2000 y la descentralización de la gobernanza eliminada hacia el 2007 en acuerdos conjuntos de los grupos hegemónicos.

Segundo punto toral en el conflicto: el ejercicio del poder

Eso nos lleva al segundo tema a resolver en la superación del conflicto: El ejercicio del poder gestionado sólo por un grupo social (o individuo) no ha dado como resultado una sociedad nicaragüense sana, robusta ni sostenible. Para el control adecuado de la gestión del poder es esencial asumir:

• El desarrollo y la sostenibilidad de instituciones republicanas (poder judicial, poder electoral, poder legislativo, poder ejecutivo) que propicie los pesos y contrapesos del poder político.
• Promover y fortalecer la emergencia y capacidades de conciencia ciudadana, en el marco de un modelo de sociedad inclusiva e integradora.

Desde la colonia hasta la fecha se ha concentrado el poder para sostener los intereses del grupo dominante, reconocidos como los poderes fácticos. Por supuesto, posterior a la independencia, las afirmaciones públicas y discursos de los partidos y grupos hegemónicos han sido diferentes a eso, han sido más bien en la lógica de hacer creer que existe una separación de poderes y la construcción de una sociedad unitaria. Y en esa dirección también han construido una narrativa que para nada menciona el poder, hablan sólo de democracia, justicia social, bienestar colectivo social y económico, crecimiento empresarial y familiar, etcétera. Por supuesto, dichas afirmaciones han sido sólo con relación a los partidos, no con relación a grupos sociales. Una narrativa que, además, ha sido abandonada en la última formulación de la constitución

Es decir, tienen siempre por objetivo ocultar el hecho de que el poder se ha concentrado más entre unos grupos sociales que dividido entre las instituciones republicanas, ocultando también el hecho de que tal separación de poderes es realmente la forma que toma el acuerdo alcanzado por los grupos hegemónicos en torno a los beneficios que el uso del poder y la distribución del mismo va a proporcionarle a los mismos en la llamada democracia republicana que, se supone, existe en la mayoría de las sociedades modernas y, por tanto, en Nicaragua también. Eso sí, siempre negando la existencia ciudadana reducida al vocablo pasivo de Pueblo. El mecanismo de diálogo y consenso, que presentaban los grupos hegemónicos y el actual régimen hasta su ruptura, es una muestra de ello.

En lo económico este ejercicio del poder se expresó en la resistencia a la promoción, crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas sin control de los grupos hegemónicos. Resistencia que en su momento se expresó en los bloqueos en los procesos reales de descentralización en la mitad de la primera década del 2000 y en los esfuerzos de subordinación y cooptación a partir de la segunda mitad de la misma década.

La aparente, o real, ruptura que los nicaragüenses presenciamos en abril del 2018 entre el gran capital y el régimen de Ortega-Murillo no creemos que haya sido por falta de democracia, sino por conflictos de intereses en el reparto de beneficios luego de la contracción de los fondos venezolanos y la priorización de los grupos económicos directamente insertos en la gestión del poder político.

Resaltamos que esta concertación de intereses que se hace “por arriba” que propicia una también “relativa fragmentación del poder por arriba” solo lleva a que los grupos hegemónicos puedan negociar entre sí sus respectivos intereses, como vistos en los pactos y leyes marcos en los últimos 35 años. No permite que “los de abajo” ciudadanos puedan reducir los riesgos y evitar los daños de los abusos de poder que eventualmente cualquiera de esos grupos en complicidad o connivencia de las instituciones republicanas, con ellas o a través de ellas, pueda cometer.

2.3. Legalidad y legitimidad: la justicia y la condena previa a ella

Cuando el día en que en Francia se discute la suerte del depuesto rey Luis XIV y Saint-Just en su discurso refiriéndose al mismo, pronuncia que: «no queremos juzgarlo, queremos matarlo…», anunciaba y ratificaba la transformación de la fuerza en derecho, la obediencia voluntaria en deber. Adquiere legitimidad en ese acto la posibilidad de que quien detenta el poder se arrogue el derecho de condenar previamente al acusado de haber cometido una falta y sobre todo si la supuesta falta es contra los intereses representados por dicho poder. Desde ese momento el hegemónico se arroga el derecho de tipificar la falta y sancionarla desde que la conoce, sin necesidad de un juicio que permita definir el grado de culpabilidad del acusado y la sanción que le corresponde.

En los ´80 cuando uno de los miembros de la Dirección Nacional del FSLN señaló que: «la revolución es fuente de derecho» estaba sentando las bases para que cualquier abuso o tropelía tuviese fuerza legal por la simple razón de ser producida y nacida de la revolución. Expresa el sentido y necesidad de sustituir el derecho del enemigo derrotado por el derecho del vencedor, en tanto y cuanto ese derecho es necesario para la creación de un nuevo orden jurídico. Sin embargo, con el paso del tiempo el nuevo orden jurídico, y el uso de la legalidad que del mismo surge, se encamina no a aplicar la justicia sino a sancionar al supuesto atacante de dicha legalidad y orden jurídico.

En Nicaragua, a partir de los ´80 del siglo pasado hasta 2018, esta cultura política en el marco del paradigma de la contradicción en la gestión del derecho fue siendo parcialmente erosionada por la emergencia de una cultura política en el marco del paradigma de la diferencia alimentada por el conocimiento, comprensión e internalización de los derechos humanos que se expresaron en sucesivas y crecientes demandas ciudadanas en los últimos 35 años y desembocaron en los eventos de abril de 2018. De ahí que los jóvenes, más que los mayores, expresaron estas demandas con más claridad y diversidad, en su momento.

Tercer punto toral en el conflicto: la cultura de derecho y el poder

Eso nos lleva al tercer tema a resolver en la superación del conflicto: El marco jurídico y la legitimidad a la que deben someterse todos los grupos de la sociedad. Si el alegato de quien detenta el poder gira en torno a una posible defensa de los intereses de la sociedad con una alegada representatividad, tal alegato debería someterse a verificación por parte de los supuestamente representados. Lo contrario erosiona la legitimidad. En este punto resaltamos el hecho de lo evidente que fue el reclamo y cuestionamiento explícito en torno a la legitimidad del régimen Ortega-Murillo. Una legitimidad que, según unos, no existió desde el origen y que, según otros, se fue perdiendo en el ejercicio del poder que fue caracterizando al régimen. Pero que, en la práctica la legitimidad del sistema político fue degradándose desde el enturbiamiento de las elecciones de 1996 y la exclusión de actores políticos desde el 2000, encontrando el actual régimen y su cultura política en el marco del paradigma de la contradicción un terreno fértil para prosperar ya al 2007.

Independientemente de la mayor o menor razón de unos u otros, es claro que la extensión geográfica de las protestas, la participación masiva de los pobladores que se podía constatar en las multitudinarias manifestaciones que se hicieron, la amplia participación de diferentes y hasta opuestos sectores sociales, fueron prueba fehaciente de la falta de legitimidad que ya en ese momento afectaba al régimen. Y eso no lo puede negar ni discutir nadie con alguna seriedad y/o ética política o social.

Como quiera que hayamos abordado el asunto desde la perspectiva de dos paradigmas, ofrecemos un cuadro resumen que compara éstos en diferentes temas:

A modo de conclusiones

Hemos desarrollado nuestra reflexión en torno a cuál es la naturaleza del conflicto en Nicaragua a partir de 2018 que permite que un gobierno con una legitimidad tan profundamente deteriorada que apuntala un modelo de gobernanza autoritaria, contrario a las aspiraciones de la sociedad consigue sostenerse en el control del Estado. Y a lo largo del escrito encontramos:

1. La contradicción en el conflicto nicaragüense, hoy por hoy, no es entre democracia y dictadura o, democracia y autoritarismo. Desde siempre, pero gracias al avance del concepto y significado de los derechos humanos, hoy por hoy la pugna es entre el modelo de ejercicio del poder y los derechos, ya que estos se contraponen naturalmente a cualquier ejercicio de poder que no los considere, y en esta tensión está la emergencia ciudadana en una sociedad arraigadamente post colonial. En este punto si, la democracia adquiere una relevancia fundamental como fragmentación del poder. Este es el corazón del embate entre dos posturas frente a la gestión del poder entre el paradigma de la contradicción y el paradigma de la diferencia.
   Una vez que se reconoce esta realidad, la cuestión vuelve a su origen ¿Cómo hacer que las decisiones tomadas por efecto del uso del poder y que afectan a todos no sean violatorias de ningún derecho de ninguno de los sectores o individuos pertenecientes a una sociedad? Esto demanda un cambio profundo en la cultura política nicaragüense actual, y es el reconocimiento que las diferencias no son un peligro si no una fortaleza social a futuro y de paz al presente.
2. Resaltamos que el rechazo social, en el marco del paradigma de la diferencia, a la gestión del poder concentrador y excluyente deviene del hecho de que la misma ha sido realizada por los partidos y grupos hegemónicos para satisfacer sus intereses y no los de toda la sociedad. Eso ha sido suficiente para debilitar e incapacitar el proceso de emergencia de una cultura política que deje atrás el paradigma de la contradicción.
   El que un partido o grupo insista en la falacia de que la lucha es por la democracia y sus manifestaciones y no por la reconfiguración de la gestión del poder, no solamente es engañarse y engañar a sus seguidores, sino que también implica una ingenuidad política que solamente beneficia al contendiente, que sí reconoce y acepta que está en una lucha por el poder y su gestión, y actúa de conformidad a ello. A diferencia de nuestros esfuerzos que buscan desagregar, distribuir y controlar el poder, las fuerzas políticas en el marco del paradigma de la contradicción buscan concentrarlo sin control.
3. El reconocimiento de la existencia de una lucha de y por el poder donde la legitimidad es fundamental para la construcción de un nuevo sistema político en el marco del paradigma de la diferencia sólo es posible a través de la cooperación. Esto puede llevar al redimensionamiento de la correlación de fuerzas que puede dar pie a una eventual negociación con los que hoy son los sustentadores del régimen. No hay argumento ético ni moral que tenga más fuerza que la necesidad de superar la crisis mediante la consecución de un equilibrio viable entre los intereses de los contendientes. Apuntamos aquí, sin embargo, el riesgo inherente que ello representa para aquellos sectores sociales cuyos intereses no necesariamente están representados ni cuidados por los hegemónicos de ambos sectores en pugna, así como la no renuncia de estos últimos a desarrollar sus acciones en el marco del paradigma de la contradicción.
4. Ante ese innegable riesgo, creemos que solamente la organización y fortalecimiento de la sociedad civil no representada ni perteneciente a los partidos políticos ni a los grupos hegemónicos, puede impedir o amortiguar el eventual y posible daño que un acuerdo de cúpulas podría generar para los otros sectores sociales excluidos, por su propia condición y naturaleza, de un eventual acuerdo.
5. No obstante, no se puede renunciar a la necesaria demanda y exigencia de atomizar y democratizar el poder que los grupos hegemónicos tienen y puedan tener en un eventual acuerdo. Sólo esto puede propiciar un entorno de control a los potenciales y siempre posibles abusos de poder que por su propia naturaleza los grupos que lo detentan se sienten tentados a cometer por cualquier razón.
6. Es iluso pensar y pretender que todos los grupos que se oponen al régimen alcancen un consenso para acordar lo que hacer para reactivar la lucha contra el régimen, fortalecerla y acrecentarla. Sólo es necesario una mayoría y/o unos acuerdos que legitimen a dichos sectores ante el resto de la sociedad y los sectores sociales en esa lucha. Con la legitimidad que de esa manera se pueda alcanzar, no sería necesario que todos estuvieran de acuerdo. Dicha legitimidad, sin embargo, no puede ser producto de una mutua auto legitimación, no puede solo surgir de ellos mismos, sino que también es necesario el reconocimiento y aceptación de los restantes sectores sociales.
7. Hasta ahora los sectores que se oponen al régimen han abordado el tema de su eventual pero necesaria unidad, no con la óptica de “entre más seamos, más propósitos comunes podemos identificar y acordar, lo que más legitimidad nos va a dar… más poder vamos a desarrollar…” en el marco del paradigma de la diferencia, sino más bien con la óptica de: “ese otro tiene más responsabilidad en la crisis… ese otro es menos legítimo y representativo…” en el marco del paradigma de la contradicción. Es decir, enfocándose más en quién es más culpable o menos representativo que en aceptar que es la unión lo que les da la fuerza y, por tanto, el poder, aunque este sea mínimo, que necesitan para convertirse en oposición real y alternativa de poder viable.

Es entonces necesario comprender y asumir naturaleza del conflicto en torno de la posesión y gestión del poder entre dos paradigmas distintos de abordaje y uso, pero que el corazón de ese cambio está en la transformación de nuestra cultura política donde los deseos de derechos y democracia tengan un alcance en todas las esferas, de lo político a lo social pasando por lo económico, impulsada y sostenida por ciudadanos. Solo de esa manera responderemos a los anhelos profundos de la crisis iniciada en 2018 como eco de los sueños de la revolución nicaragüense de 1979 antes de ser usurpada y apellidada por unos de los actores.

^[1] El artículo se llama: Nicaragua en crisis: entre el paradigma de la contradicción y el de las diferencias. Disponible en: https://uliteo.blogspot.com/2018/07/nicaragua-en-crisis-entre-el-paradigma.html?m=1

^[2] O por lo menos y para algunos de ellos, esto era válido hasta antes de los cambios constitucionales que decidió realizar el régimen, haciendo de nuestro país una nueva monarquía en la práctica.

Autor(a):

Freddy Quezada

Adolfo Hurtado

Sociólogo con maestría en políticas públicas para el desarrollo rural. Con 30 años en trabajos de gestión de conocimiento en estudios, diseños de metodologías e instrumentos, y formación, en diversas materias como desarrollo rural, descentralización del Estado, seguridad alimentaria y derecho a la alimentación, y los últimos años en cultura política.

• Adolfo Hurtado

  https://itzaya.online/author/adolfohurtado/

  ¿Por qué se sostiene la autarquía de Nicaragua? ¿Porqué sus opositores no son todavía una oposición real ni una alternativa viable?